GinerMaestro/Cap20/07

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20.07. El Capítulo General de 1627

La tercera parte de las Constituciones de Calasanz empieza hablando del Capítulo General, y dice que debe convocarse por dos motivos, o para elegir al Prepósito General o para tratar de los problemas importantes de la Orden. En el primer caso no hay fecha determinada, pues siendo vitalicio el General; su sucesor sólo debería ser elegido después de su muerte o, en caso excepcional, después de su deposición forzosa. En el segundo caso, el legislador determina que se convoque Congregación General al menos cada seis años. Ambas asambleas generales se llaman indistintamente Capítulo o Congregación General, y sus miembros deben tener al menos siete años de profesión y tres de sacerdocio.

Era la primera vez que debía celebrarse, pero entrañaba una grave dificultad su simple planteamiento. La Orden había sido creada por el breve de Gregorio XV del 18 de noviembre de 1621. El Capítul0 General debía reunirse, por tanto; al cabo de seis años es decir, en 1627. Pero, si los miembros capitulares debían tener siete, años de Profesión, más dos de noviciado, habría que esperar hasta 1630, al menos. Era demasiado esperar. Por otra parte, saliendo al paso de las primeras necesidades de la fundación, el mismo Gregorio XV había nombrado para ese novenio crítico, al General y sus cuatro Asistentes, dándoles voz activa y pasiva para gobernar la Orden, adelantándoles por ello la fecha de profesión solemne. De los cuatro Asistentes nombrados, ya habían muerto dos: el P, Viviano Viviani, en 1623, y el P. Pablo Ottonelli, en 1626, que no habían sido sustituidos, aunque el P. General tenía facultad para-ello. .

Para que el Capítulo General fuese normal hubiera sido necesario dar a todos o casi todos los religiosos voz activa y pasiva en las elecciones, para que todos pudieran ser candidatos, pues cada Provincia debía elegir en Capítulo a dos vocales para asistir con el Provincial al Capítulo General, y cada casa debía haber elegido antes, un vocal para que asistiera junto con el rector al Capítulo Provincial. Todo ello era mucha complicación. Probablemente preguntó a los juristas de la Curia romana qué se podía hacer, y le aconsejaron que hiciera lo que de hecho hizo. Con sencillez escribió Berro que el Fundador, ante tales dificultades, 'lo convocó lo mejor que le fue posible, porque si bien existían ya tres Provincias, Roma, Génova y Nápoles, con todo, no había vocales legítimos de 7 años de profesión y 3 de sacerdocio.

Los capitulares, pues, fueron cinco: el P. General, los PP. Casani, Castelli y Graziani, como Provinciales de Nápoles, Génova y Roma, respectivamente, y el P. Peregrino Tencani, simple sacerdote profeso. De los cinco, los tres primeros tenían voto por concesión del mencionado Gregorio XV; los otros dos, por dispensa del propio P. General, como constaba en las Actas. Fue también el P. General quien nombró secretario del capítulo al P. Glicerio Cerutti, Maestro de novicios y rector de la casa noviciado de Monte Cavallo, donde se celebró la asamblea. Y aunque las Actas oficiales no lo nombren, parece que presidió el Capítulo el P. Domingo Ruzola, quien, al decir de Berro, 'por otras ocupaciones no podía estar continuamente'. Y esto explicaría la anomalía de las fechas de reunión, pues las cuatro sesiones se tuvieron el 11, 12 y 27 de octubre y el 4 de noviembre de 1627.

Cierta tradición historiográfica le ha negado a esta asamblea el carácter de Capítulo General; llamándolo Congregación General, pero no en el sentido sinónimo en que lo usan las Constituciones de la Orden, y aun las de los jesuitas, en que se inspiran, como vimos antes, sino en el sentido restringido de reunión de los cinco que componen ordinariamente la Congregación General o gobierno central de la Orden. Pero ya hicimos notar también que los reunidos no eran el General y sus cuatro Asistentes, sino el General, los tres Provinciales existentes entonces y un quinto miembro con voto, para evitar el empate en las votaciones, además del secretario, que no tenía ni voz ni voto. La asamblea fue, indudablemente, anormal por las razones apuntadas, pero dadas las circunstancias, era una de las formas posibles, y como tal obró con plena autoridad para proponer, resolver y decidir los problemas examinados, considerándose tan legítima como cualquier otra Congregación o Capítulo General. El mismo Calasanz, aun reconociendo en sus cartas y en las Actas de la reunión el carácter auténtico del Capítulo General o 'Primera Congregación General de nuestra Religión', manifiesta con ciertas expresiones la singularidad o restricción obligada del mismo.

No fueron muchas las cuestiones tratadas, y es natural que así fuera, pues sólo hacía cinco años y medio que se habían aprobado las Constituciones. De los 20 puntos en que se dividen las Actas, los cuatro primeros son protocolarios, otros seis se refieren a personas concretas y los diez restantes a disposiciones legislativas. Salvo los cuatro puntos primeros, los demás van distribuidos en cuatro capítulos, no uniformes, pues los casos personales se mezclan con los asuntos legislativos, y aun éstos no guardan la debida afinidad de contenido.

Los casos personales se referían al anciano Gaspar Dragonetti, que se le declaraba miembro perpetuo de la Orden y partícipe de todas las gracias y privilegios, como si fuera profeso;' al P. Juan García del Castillo, a quien se le exhortaría a vestir nuestro hábito y, en caso de negarse, se le consideraría miembro perpetuo, como a Dragonetti; al seglar Francisco Selvaggi, antiguo compañero de Landriani, a quien se le daba facultad de quedarse como seglar o de marcharse cuando quisiera, pudiendo además ser despachado por el superior. A estos tres casos se añadían otros tres, referentes a religiosos, cuya especial situación o problema se intentaba solucionar, como el del P. Alacchi, del que hablaremos luego.

Los temas legislativos trataban en primer lugar de la pobreza: se decretaba sobre el uso del dinero y la mutua ayuda económica entre las casas; se interpretaba el n.146 de las Constituciones, entendiendo que podían recibirse legados y herencias no sólo para restaurar las casas e iglesias, sino también para construirlas; igualmente se aclaraba el n.145, renunciando al derecho natural de defenderse ante cualquier tribuna o por sí mismos o por abogados respecto a los bienes estables de los que no se podía tener la propiedad sino solo el uso, y eran concretamente las iglesias, las casas para vivir y las escuelas y el huerto contiguo, notificando el caso a sus dueños directos.

Se proponía conseguir cuanto ante un breve apostólico que declarara en toda su extensión la ‘pobreza suma’ que se profesa en la Orden y confirmara la Religión y las Constituciones en todos sus detalles. Se pedía que se consultara si mantenía el General la facultad de expulsar a ciertos culpables, tal como especifica el n.272 de las Constituciones, no obstante la reciente bula papal ‘De eficiendis incorregibilibus’; y se nombraba el tribunal permanente, exigido para este fin por la Congregación del Concilio. Se mandaba a los Provinciales que distinguieran claramente en las casas la clausura reservada a los religiosos y los locales para las escuelas; igualmente, que reglamentaran mejor el modo y manera de la cuestación de limosnas. También se daban disposiciones contra los que viajaban a Roma sin licencia escrita de su superior o del General.