GinerMaestro/Cap14/07

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14.07. El motín de los maestros municipales y el 'certificado de pobreza' de los niños

Más comprensible que la del Rector era la actitud de los maestros de los barrios que veían día a día mermar el número de sus alumnos de pago para ir a engrosar las filas de los que preferían las escuelas gratuitas del palacio Vestri. La campaña de calumnias y desprestigio que desencadenaron debió llegar a oídos del papa y del cardenal vicario. Ni era la primera vez que ocurría, pues el rápido florecimiento del Colegio Romano originó ya en sus principios -medio siglo antes- idéntica oposición de los maestros municipales, que veían amenazados seriamente sus escasos ingresos pecuniarios por la fuga de alumnos hacia las prestigiosas y gratuitas aulas del Colegio de jesuitas.

La gravedad de las acusaciones movió quizá a Clemente VIII a pedir información a los cardenales Antoniano y Baronio o mandarles incluso que volvieran a las controvertidas escuelas para cerciorarse de la verdad de las acusaciones. La impresión de los purpurados era satisfactoria y como resultado de su informe positivo -según dice Berro- decidió el papa abonar anualmente los 200 escudos del alquiler de la casa. Además, el cardenal Antoniano, ratificando su aprecio y admiración por las Escuelas Pías, les dejó un legado de 200 escudos a su muerte, ocurrida el 16 de agosto de 1603. Esta fecha nos cerciora de que tanto el amotinamiento de los maestros como las visitas cardenalicias ocurrieron en el último año de vida de Antoniano.

Quizá las quejas interesadas de los maestros fueron en parte atendidas y se llegó a un acuerdo, propuesto o sancionado incluso por los dos Visitadores. En las Escuelas Pías se admitía gratuitamente a los pobres, pero esta categoría social era entonces mucho más amplia que hoy día y habría seguramente entre los alumnos algunos cuyos padres no eran tan extremadamente pobres que no pudieran pagar la escuela. Y éstos eran precisamente los que querían recuperar los maestros de barrio. Por tanto, quizá por este motivo decidió Calasanz -por propia voluntad o por cierta imposición de los cardenales pacificadores- exigir en adelante a sus alumnos el ‘certificado de pobreza’, firmado por sus párrocos. La consecuencia inmediata fue la disminución de alumnos, que de 700 bajaron a 500. Pero el vacío dejado por esos 200 sería pronto colmado por otros.

Parece obvio que el 'certificado de pobreza' era humillante para los niños y sus familiares. Y Calasanz conocía por su experiencia de Visitador de la Cofradía de los Apóstoles lo que cuesta a la gente declararse pobre. Precisamente la atención caritativa a los “pobres vergonzantes” era una de las finalidades primarias de la Cofradía.

Tuvo que haber, por consiguiente, alguna razón poderosa para que Calasanz exigiera ese 'certificado de pobreza' a sus alumnos. Y nos parece motivo suficiente -a falta de otro mejor- el que hemos propuesto: era un acto de concordia con los maestros de pago de las escuelas municipales. Pero apenas tenga ocasión de eliminar ese certificado lo hará. De hecho, diez años más tarde, al unirse con los Padres de la Congregación de Luca y vislumbrar con optimismo la expansión de sus Escuelas Pías por el mundo entero,, en el memorial dirigido a Pablo V en noviembre de 1613 para que sancione la unión, pondrá entre las condiciones “que en las Escuelas Pías de la ciudad de Roma se admitan solamente a los pobres con testimonio de sus Párrocos, que sean tales, o siendo hijos de familias nobles venidas a menos, con el testimonio del confesor o de otra persona fidedigna; pero fuera de la ciudad de Roma se puedan admitir a todos sin otro testimonio”. Y la razón de esta distinción sería que sólo en Roma había aceptado esta exigencia para pacificar a los maestros municipales. Fuera de Roma no había por qué pedir tales comprobantes odiosos; bastaba que fueran pobres, sin que tuvieran que certificarlo. El Breve pontificio (1614) se limitó a confirmar la necesidad del certificado en Roma solamente, sin alusión a posibles fundaciones fuera de la ciudad. Y cuando se trate de la creación de la Congregación Paulina de las Escuelas Pías, ni en los memoriales ni en los proyectos ni en el Breve definitivo ‘Ad ea, per quae’ (1617) se aludirá ya para nada a la cláusula del certificado de pobreza. Quedará ya fija la fórmula, mencionada en dicho Breve, de que el Instituto de las Escuelas Pías está al servicio de los niños “praesertim pauperum”, es decir, ni ‘exclusivamente’ para los pobres, ni para todos sin distinción, sino para los niños, pero ‘principalmente para los pobres’. La solidez institucional que le confería la aprobación pontificia le permitía dejar aparte los forzados condicionamientos de los maestros romanos de antaño.

Curiosamente, esos maestros romanos debían acoger gratis a los pobres en sus escuelas, pero sólo admitían a unos pocos para cumplir, mientras la mayor parte de alumnos debían pagar. Las autoridades escolásticas insistían para que pudieran ser admitidos más pobres gratuitamente, pero en vano. Y en 1646, en las ordenanzas del rector de la Sapienza, Carlos Cartari, se prescribe que los maestros primarios de cada barrio 'deben enseñar gratis a todos los alumnos que les presenten la ‘fe de pobreza’ de sus Párrocos, confirmada por el Rector'. Era la misma fórmula que había adoptado Calasanz, obligado por las protestas de los maestros -según suponemos-, pero de ella le había librado definitivamente Pablo V en 1617 con el ‘Breve Ad ea, per quae’, con el que instituía la Congregación Paulina. La diferencia, sin embargo, era enorme, pues para Calasanz aquella fórmula supuso una discriminación: sólo podría aceptar a los pobres que llevaran aquel certificado y no a otros; para los maestros -no para todos, sino solamente para los primarios de cada barrio- suponía la obligación de aceptar gratis a los que presentaran la fe de pobreza, haciendo pagar a los demás. Desde 1617, sin embargo, las Escuelas Pías quedarían abiertas gratis para todos los niños, pero preferentemente para los pobres, sin necesidad de certificado alguno.